Con la finalidad del impulso y la promoción de distintas actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético empresariales que pudiesen contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida y a optimizar la demanda energética de instalaciones, equipos o sistemas consumidores de energía, se implantó en España la obligatoriedad de realizar una auditoría energética en determinadas empresas través del decreto RD 56/2016 de eficiencia energética, que supuso a su vez la trasposición de la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Así, dependiendo del tamaño, una empresa está obligada a realizar una auditoría energética cada cuatro años, con el objetivo de garantizar una gestión más sostenible, o bien a implantar un Sistema de Gestión Energética (SGE) o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas internacionales correspondientes (como ISO 50001 o 14001).
En el decreto se establecen las directrices sobre cómo se deben realizar las auditorías energéticas, así como los sistemas de acreditación para auditores y proveedores de servicios energéticos y los procedimientos para la promoción de la eficiencia energética. No llevar a cabo estas auditorías puede suponer una penalización para tu empresa que podría alcanzar los 60.000 €.